¿A dónde va México?

Puede que el gobierno de López Obrador no se proponga una ruptura con la burguesía. Pero de ninguna manera representa lo mismo que el PRI o el PAN, y sus políticas enfrentan a una buena parte de las clases dominantes.

Andrés Manuel López Obrador. (Hector Vivas / Getty Images)

El huracán electoral que barrió el dominio hegemónico de los dos principales partidos burgueses — el Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN) — en la elección presidencial de julio de 2018 produjo una polarización política entre el nuevo gobierno y los partidos del viejo régimen que no se ha disipado. Por el contrario, está recobrando renovado ímpetu con el proceso penal establecido en contra de Emilio Lozoya Austin, pieza importante y muy cercana del anterior presidente Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. La disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el viejo régimen ahora va más allá del terreno electoral y apunta a una confrontación que puede derivar en la consolidación de un nuevo tipo de régimen capitalista.

Es necesario recordar que en el proceso electoral de 2018 se repitieron los mismos mecanismos de fraude, compra de votos y asesinato de decenas de candidatos que impidieron el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006, pero fracasaron ahora ante el abrumador descontento con la corrupción, el autoritarismo y la miseria generada por más de treinta años de neoliberalismo.  Este descontento le otorgó más de 30 millones de votos al candidato triunfante: el 53% del total.

No se trató, como opina un sector de la izquierda mexicana, de una maniobra palaciega para que todo siguiera igual, sino de un enorme impulso popular que, de no haber respetado el resultado en las urnas, hubiera provocado una protesta de consecuencias imprevisibles. López Obrador no era el candidato de la oligarquía clasista y racista — que siempre lo ha visto como un incómodo advenedizo — sino un sapo que se tuvo que tragar para evitar un mal mayor. Ante la evidencia de que el régimen autoritario y semidictatoral del PRI-PAN estaba agonizando, hubo un sector oligárquico —encabezado por Alfonso Romo y, en menor medida, por Carlos Slim (Grupo CARSO), Salinas Pliego (TV Azteca) y Emilio Azcárraga (Televisa) — que optó por otorgarle un discreto apoyo, a diferencia de un sector mayoritario que decidió confrontarlo.

División en la élite

Esta división en la élite viene de antes. Algunos sectores de la oligarquía coincidían con la corriente de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Jeffrey Sachs, que sostenía que el neoliberalismo ortodoxo era inviable y demandaba ajustes al modelo. Este sector, además, se sentía cada vez más incómodo sosteniendo un régimen a todas luces autoritario, corrupto, ligado al narcotráfico y que cobijaba a sectores burgueses arribistas o carroñeros que les hacían competencia (estos últimos, los más conservadores — patriarcales, homófonos, racistas y clasistas — fuertemente dependientes del Estado, ortodoxamente neoliberales y férreos opositores al gobierno de AMLO). Se trataba de una división en el seno de una oligarquía que había resistido sólidamente unida durante décadas. Una división que prefiguraba los conflictos a los que actualmente asistimos.

Las diferencias entre el conjunto de la oligarquía y López Obrador no se centran en la continuidad del capitalismo. El gobierno de López Obrador, sin duda alguna, no es un gobierno socialista ni que se proponga una ruptura con la burguesía. Pero sí expresa diferencias centrales sobre el papel que debe jugar el Estado como regulador de la política económica. Y tales diferencias se han hecho más agudas durante la pandemia del COVID-19. Mientras los órganos de representación patronal esperaban la declaratoria de un estado de contingencia de salud (que obliga a la parte patronal, a modo de indemnización, a pagar un salario mínimo al día hasta por un mes), el gobierno federal decretó un estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que garantiza el pago íntegro de salarios y prestaciones. El conflicto mayor, sin embargo, pasó por la exigencia patronal de un incremento de la deuda pública para subsidiar el pago de impuestos o rescatarlos ante posibles quiebras, tal y como estaban acostumbrados bajo el viejo régimen. Ninguno de estos privilegios se les ha concedido. Por el contrario, se han visto obligados a pagar sus deudas tributarias y continuar con el pago puntual de impuestos en medio de la pandemia, a la vez que se mantiene el gasto en asistencia social y se canalizan recursos a pequeños y medianos empresarios.

Existen otros temas que han confrontado a la elite con el gobierno de López Obrador: cancelar la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, por antiecológico y por ser un negocio corrupto del entorno de Enrique Peña Nieto; abolir la mal llamada «Reforma Educativa», por ser contraria a los intereses del magisterio y abrir el camino a la privatización de la educación pública; acatar la consulta popular para suspender la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en la ciudad de Mexicali, Baja California, debido a que amenazaba el abastecimiento de agua a una ciudad en zona semidesértica; impulsar la recuperación de la soberanía energética mediante la construcción de una nueva refinería y modernización de las cinco existentes (en materia eléctrica se estableció un nuevo marco operativo que anula privilegios a las empresas generadoras de energía fotovoltaica y eólica que hizo que las empresas trasnacionales, principalmente Iberdrola, pegaran el grito en el cielo).

La política del nuevo gobierno hacia América Latina y el Caribe también ha tenido aspectos solidarios y soberanos, como la oposición a la amenaza de invasión norteamericana a Venezuela — determinante para conjurarla — y el asilo político brindado al presidente Evo Morales para garantizar su integridad personal y la de su familia. Los anteriores gobiernos neoliberales se hubieran sometido, sin duda alguna, a los designios de Washington.

Este aspecto progresista de la política obradorista contrasta con otros que reafirman la continuidad de políticas neoliberales. Un primer ejemplo reside en la política de mantener y reforzar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Pero la lista sigue, para incluir también el impulso de megaproyectos que, si bien podrían ser importantes palancas para el desarrollo de regiones empobrecidas y reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos, tal como están planteados son en realidad funcionales al desarrollo del gran turismo depredador, de parques industriales (el Tren Maya y el que cruza el Istmo de Tehuantepec, proyectos aprobados mediante consultas simuladas a los pueblos originarios, son ejemplos paradigmáticos de ello). La agenda de AMLO no contempla ningún tipo de auditoria a la deuda pública, mientras continúa la aplicación de una férrea austeridad que ha causado el despido de decenas de miles de empleados públicos y limitado la posibilidad de impulsar el mercado interno. Pese a haber prometido la desmilitarización del país, el gobierno se ha visto sobrepasado por el crecimiento de la violencia criminal y ha decidido prolongar la presencia del ejército en las calles durante lo que resta del sexenio y sin crear instancias civiles o humanitarias que lo vigilen o evalúen. Incluso se sometió a la política migratoria de Donald Trump.

¿Fin del viejo régimen?

El centro de la actual confrontación entre el gobierno obradorista y los partidarios del viejo régimen gira alrededor del proceso penal abierto en contra de Emilio Lozoya Austin (parte del equipo de Enrique Peña Nieto en la campaña electoral de 2012 y nombrado luego Director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos — PEMEX), quien fue señalado por la empresa brasileña Odebrecht de haber recibido millones de dólares para financiar la campaña presidencial a cambio de jugosos contratos. Emilio Lozoya no es cualquier exfuncionario: su familia proviene de la vieja élite del priismo, fue parte del primer círculo de Peña Nieto y está también acusado de participar en otros escándalos de corrupción. Estas denuncias fueron archivadas por el anterior gobierno y retomadas por la actual Fiscalía General de la República, que logró su extradición de España bajo condición de convertirse en testigo protegido para denunciar a quienes supuestamente le ordenaron realizar estos ilícitos.

Las consecuencias de este proceso tienen implicancias colosales para un México en donde la corrupción fue un elemento de cohesión del viejo régimen y en donde la impunidad para los mandos superiores del gobierno estaba garantizada. A diferencia del resto de América Latina, en México prácticamente no existen antecedentes (excepción hecha de alguna venganza personal) de que se haya procesado por corrupción a un alto funcionario, y menos a un exgobernante. Los señalamientos de Lozoya, que apuntan a los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari (PRI), Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y a sus más cercanos colaboradores, está destruyendo la poca credibilidad que le quedaba a los partidos del viejo régimen e impulsando la presión social para acabar con la impunidad, enjuiciar a todo funcionario corrupto y recuperar la riqueza mal habida.

López Obrador es muy consciente de que este proceso judicial constituye un arma muy poderosa para liquidar a los partidos del viejo régimen y construir una nueva hegemonía que le permita sentar las bases de un régimen capitalista moderno y democrático. Esta es la razón por la que prácticamente todos los días continúa denunciando a la «mafia del poder» por sus vínculos con el narcotráfico y sus numerosos casos de corrupción (a los que asocia con la bancarrota neoliberal) y señalando, a veces incluso con nombre y apellido, a quienes los cometieron. Su convocatoria a realizar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido algún delito, más allá de su escaso efecto legal, tiene el propósito de impulsar una gran movilización que lo fortalezca ante sus opositores del viejo régimen.

Seguramente este conflicto desatará tormentas aún mayores. Es difícil concebir que los integrantes de la «mafia del poder» se queden con las manos cruzadas ante el embate obradorista: aún cuentan con enormes recursos y la capacidad de recurrir a las más siniestras maniobras políticas — violencia incluida — para sobrevivir. El tiempo dirá que tan firme es el propósito democratizador y anticorrupción del actual gobierno.

La derecha golpista a la defensiva

Este es el marco que explica tanto la temprana ofensiva de la extrema derecha empresarial contra el gobierno de López Obrador como las razones por las que promovieron la intervención del ejército para sacarlo del poder. Pero, a pesar de su estridencia y eco mediático, esos llamados a realizar un golpe de estado en México nunca representaron un peligro real; sobre todo, por la enorme popularidad de la que aún goza López Obrador, por el desprestigio de las fuerzas identificadas con el PRI y el PAN y por la carencia de una figura carismática con capacidad de convocatoria.

El fracaso de su tentativa golpista los ha llevado a la conformación del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), un movimiento que se denomina «ciudadano y pacífico», que busca hacer dimitir al presidente López Obrador por la vía jurídica y por presión social y mediática. El Frena está conformado por intelectuales y periodistas de derecha e importantes empresarios y figuras de extrema derecha (como Gilberto Lozano) y propone conformar, en las elecciones intermedias de 2021, candidaturas «unitarias» para confrontar al partido de gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

López Obrador y la clase trabajadora

Dentro del débil y fragmentado sindicalismo democrático se guardaba gran esperanza en que el arribo del nuevo gobierno sirviera para revertir las reformas neoliberales en materia laboral y para desmantelar las viejas estructuras corporativas y corruptas que mantienen maniatada al grueso de la clase trabajadora (y que resultan fundamentales a la hora de explicar la relativa estabilidad del régimen emanado de la Revolución Mexicana de 1910).

Un rápido examen de la política laboral del obradorismo no puede dejar de señalar el reconocimiento por parte del gobierno del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de sindicación y contratación colectiva. Tampoco la reforma laboral que, aunque introduce severos controles a la vida interna de las organizaciones sindicales, impulsa la elección de sus directivas mediante el voto libre, directo y secreto, obliga a las directivas sindicales a dar cuenta precisa del manejo de las cuotas y de la negociación de los contratos colectivos de trabajo, bloquea la existencia de contratos colectivos de protección patronal, transparenta el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo y permite una mayor libertad sindical al reconocer la existencia de más de una organización sindical en cada empresa (aunque ello signifique un arma de doble filo).

En los dos últimos años los salarios mínimos generales se han incrementado en casi un 40% y un 110% en la franja fronteriza del norte, aunque tal beneficio no se ha extendido a los salarios contractuales y se ha establecido una renta básica para los adultos mayores de 68 años (de 65, para los grupos indígenas) de $1,275 mensuales. La creación del programa de capacitación para jóvenes que no estudian ni trabajan (con un apoyo mensual de $3,748 y seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo) es, también, un avance importante, aunque con un gran problema: está siendo ampliamente monopolizado por grandes empresas, que obtienen mano de obra gratuita sin otorgar garantía alguna de permanencia en los puestos de trabajo.

Por otro lado, debe señalarse que los topes salariales en las revisiones contractuales aún se mantienen, y tampoco se ha emprendido una reforma legislativa para desterrar el outsourcing y otras formas perversas de contratación laboral: éstas aún persisten, incluso dentro de la administración pública.

Ante la crisis de las Afores (sistema privado de pensiones copiado del fracasado modelo de la dictadura chilena e impuesto en México en el periodo neoliberal), Obrador ha presentado un anteproyecto que no va más allá de una tibia reforma. Aunque mejora las pensiones, deja intacta la estructura del sistema, cuando lo realmente necesario es su derogación completa y el retorno a un sistema solidario, con control de los trabajadores sobre sus fondos de pensión (realizando, por supuesto, una auditoría sobre su mal manejo previo).

Si bien la reforma laboral propicia la depuración y democratización de las organizaciones sindicales, tal objetivo no puede alcanzarse en el marco de la extrema debilidad, fragmentación y gremialismo del sindicalismo independiente. Los trabajadores, bajo el yugo del corporativismo, no son capaces aún de recuperar sus organizaciones sindicales. En México, apenas el 3% de la clase trabajadora cuenta con sindicatos auténticos. Los sindicatos burocráticos representan al 8%, y casi el 90% no tiene organización sindical o continúa perteneciendo a sindicatos de protección patronal.

Para intentar revertir este panorama, a fines de julio último diversas organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad convocaron a una gran Convención Nacional con el propósito de unificar las fuerzas del campo popular y delinear la lucha por un nuevo país. Es factible que de esa Convención, a realizarse posiblemente en noviembre de este mismo 2020, emanen los acuerdos necesarios para impulsar la reorganización de la clase trabajadora mexicana y para disputar, a las mafias corporativas, la dirección de los movimientos sociales.

A diferencia del régimen cardenista (1934–1940), López Obrador no ha intentado recurrir al apoyo de las masas organizadas para impulsar su programa reformista o para enfrentar a los sectores más reaccionarios de la burguesía y el imperialismo. Por el contrario, bajo el argumento de evitar el manejo corrupto y clientelar de los programas sociales, ha optado por individualizar su entrega, pasando por encima incluso de organizaciones sociales democráticas e independientes. Salvo algunas excepciones, ha favorecido la relación con las viejas y nuevas centrales sindicales «charras» como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), evitando reunirse con el sindicalismo democrático representado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) o la Nueva Central de Trabajadores (NCT).

A manera de conclusión

Tener claro que el gobierno de López Obrador no se propone una ruptura con la burguesía es importante. Pero también es completamente insuficiente.

López Obrador no representa lo mismo que el PRI o el PAN, pues no se subordina a los dictados de la oligarquía; aunque tampoco se atreve a romper con ella. En vías de quitar del poder al viejo régimen debió apoyarse en una intensa movilización popular y en una alianza con una fracción de la clase dominante. Este origen le confiere a su gobierno rasgos de bonapartismo progresista. Cuando la clase dominante ya no puede gobernar como antes y la clase trabajadora aún no cuenta con la conciencia, organización y disciplina necesarias para ponerse al frente de un proyecto de nación, surge una tercera alternativa, normalmente concentrada en una sola persona, que se presenta por «encima de las clases sociales» y que, sin pretender cambiar de fondo el orden capitalista, ensaya concesiones a unos y otros en «interés de la Nación».

El actual gobierno oscila entre el capital extranjero y el doméstico, entre una oligarquía nacional y una clase trabajadora relativamente débil y dividida. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases sociales. Desde una perspectiva nacional, López Obrador forma parte de esa vieja corriente nacionalista revolucionaria o cardenista, que intenta restablecer un Estado de Bienestar sobre bases democráticas y no autoritarias. La moneda está en el aire.